Tras la multitudinaria marcha independentista en Barcelona constitucionalistas, economistas e historiadores defienden que se busque el entendimiento ante el creciente reto soberanista, aunque difieren sobre los límites de la negociación.
Un problema complejo que no se soluciona sólo dejando pasar el tiempo a ver si escampa mientras unos se enrocan en ir adelante pase lo que pase y los otros en no moverse ni un ápice de sus posiciones iniciales. Ese es el diagnóstico que hace Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional, de la situación creada en Cataluña por “el choque entre la legalidad constitucional y una legitimidad basada en un derecho a decidir, que no es un derecho legal”. A su juicio, a la vista de que “el suflé no baja” y de que “el asunto cada vez se encanalla más”, la única salida factible a menos de dos meses vista de la fecha elegida por la Generalidad para la consulta independentista es que las partes “se sienten a negociar un cambio profundo en la Constitución”. En todo caso, Bastida precisa que “no estamos ante un problema jurídico, si no sentimental que no se combate con españolismo”.
El asturiano José María Álvarez, que ostenta la secretaría general de UGT en Cataluña, también aboga por la vía del diálogo, aunque defiende que el resultado de cualquier proceso negociador de la Generalitat con el Estado debe de ser refrendado por “el pueblo catalán”, que, a su juicio, “tiene que ser llamado a las urnas”. Álvarez, que es natural de Belmonte de Miranda, subraya que el ordenamiento jurídico en vigor “prohíbe una consulta decisiva y vinculante, pero no una que sirva como termómetro de la opinión de la ciudadanía”. El sindicalista añade que el éxito de la manifestación de la Diada, cuando cientos de miles de personas tomaron las calles de Barcelona, es la “expresión de la mayoría de los catalanes en favor de decidir sobre su futuro”. El hecho de que la movilización haya sido multitudinaria tres años seguidos demuestra, a su juicio, que “no se puede mirar para otro lado ante el sentimiento de un pueblo y obliga a abrir una negociación”.
Esa negociación es admitida por Santiago Álvarez, vicerrector de la Universidad de Oviedo, pero siempre y cuando se respete la Constitución y el procedimiento legalmente establecido para su reforma. “Si alguien tiene interés en modificarla, no hay problema, pero tiene que tener la mayoría suficiente, lo que no puede hacer bajo ningún concepto es abrir cauces de diálogo al margen de la ley”, precisa. Además, este profesor de Economía sostiene que en las circunstancias actuales el Gobierno de Rajoy debe de seguir defendiendo la legalidad y que, en el caso de que, finalmente, Mas acabe convocando el referéndum soberanista, el Ejecutivo debe de presentar un recurso ante el Constitucional. Sostiene también el vicerrector de la Universidad de Oviedo que la pulsión nacionalista “se ha exacerbado impulsando la creencia de que España expolia fiscalmente a Cataluña, un mito sin fundamento”.
David Ruiz, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, considera que, a la vista de la situación en Cataluña, el futuro inmediato no debe de pasar por la celebración de elecciones, “que serían plebiscitarias enconando el problema”, sino por la puesta en marcha de la reforma constitucional, “con el objetivo de perfeccionar el mapa de la estructura casi federal del autonomismo y otras carencias que se han probado necesarias”. Y a continuación añade, “someter a referéndum la forma del Estado: Monarquía o República, para de una vez por todas saber en qué país queremos vivir todos como merecemos, incluyendo a Cataluña y el País Vasco si triunfa la opción republicana”. Ruiz reconoce que “la legalidad está de parte del Estado”, pero subraya que las masivas manifestaciones “otorgan legitimidad al derecho a decidir e incluso a la pretensión independentista”, que, a su juicio, “se debe escuchar, pero teniendo en cuenta que con el 51% de los apoyos no es factible”. “Esto es división casi cainita”, precisa el catedrático, que marca una barrera mínima superior al 70%.
Con tres nietos astur-catalanes, Ruiz también pone la lupa sobre el factor social. “En el Estado y en Cataluña han venido gobernando por sí mismos o por intermediarios las burguesías española y la catalana, y ambas han defendido los mismos intereses, los de los poderosos. Ambas clases no se enfrentaron mientras el pacto de fiscalidad estuvo funcionando, pero cuando éste se resquebraja la catalana se volcará en el nacionalismo militante que le reportará como anzuelo para incrementar el número de votos con la ayuda de la españolista que se los sirve en bandeja”, explica el catedrático, para quien “afortunadamente, mucho de lo que se vende con ropaje independentista a este lado del Ebro es más bien oposición política y social a los gobiernos de las burguesías”.
El economista asturiano David M. Rivas, profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid, sostiene como punto de partida que “la historia no es una foto fija y que Noruega es independiente desde 1908, sin que nadie ponga en duda su legitimidad”. A partir de ahí, defiende “el derecho de autodeterminación” y asegura que el proceso catalán –“irreversible”- es “el resultado de 40 años de dictadura y de 35 de parches”.
“La solución está en una unidad europea y que, por debajo, estén las naciones de siempre, entre ellas Asturias. Sobran los Estados-Nación, sobra España. Sobra Francia y sobra Gran Bretaña, constructos políticos de los siglos XVIII y XIX que hoy no funcionan”, concluye Rivas.
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