Marina Blanco: Las diez de la noche, una noche calurosa en este Madrid del 31 de julio. Como ya sabrán nuestros oyentes acaban de publicarse las balanzas fiscales de las comunidades autónomas y, como era de esperar, se ha armado la marimorena. El gobierno catalán desconfía de los datos, el andaluz censura que se hayan hecho públicas, el asturiano dice que no deben ser la base para la reforma del modelo, el madrileño reclama lo que dice ser suyo y así casi todos. Vamos a charlar con un colaborador habitual de mi compañero Luis Martín, que está de vacaciones porque también nosotros tenemos nuestros días de descanso, o de marcha, que nunca se sabe. Tenemos al teléfono a David Rivas, profesor titular de estructura económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches.
David M. Rivas: Buenas noches, Marina.
M.B.: Gracias por atendernos en pleno verano. Supongo que también estará de vacaciones.
D.M.R.: Relativamente. En estas fechas no me muevo de mi casa de Asturias, en la aldea, así que no doy clase pero hago mi vida cotidiana. Sólo la huerta me tiene un poco más ocupado.
M.B.: Para ir entrando en materia, ¿qué opina del revuelo sobre las balanzas fiscales?
D.M.R.: Me parece que hay demasiado ruido y demasiada alteración para lo que de verdad ha publicado el equipo que estudió el asunto. Excluyendo la singularidad del País Vasco y Navarra, de lo que hablaremos seguramente, no parece que se haya descubierto ningún Mediterráneo. Las cifras pueden discutirse pero las magnitudes son las esperadas. La primer conclusión es que no hay graves injusticias, que es lo que estaba en el fondo de la discusión de política territorial.
M.B.: ¿Qué es en realidad una balanza fiscal?
D.M.R.: Es un instrumento para calcular cuánto aportan los ciudadanos de una comunidad al erario público común y cuánto gasto reciben. Si el saldo es positivo la comunidad tiene superávit y si es negativo tiene déficit. El concepto es muy sencillo de explicar y entender. El método de cálculo es ya otra cosa. Requiere una metodología de cierta complejidad y sofisticación. Yo, por ejemplo, entiendo una balanza fiscal cuando me la presentan pero nunca realicé ninguna y tal vez no sabría hacer algunos de los cálculos.
M.B.: Pero sí que conocerá los fundamentos del método.
D.M.R.: Hay dos métodos. El primero es el del flujo monetario, que trata de conocer el impacto directo del gasto en un territorio determinado. Los gastos e ingresos se computan donde se producen. El otro es el de carga-beneficio, que mide el bienestar y que considera el gasto de acuerdo a quién se beneficia del mismo, con independencia de dónde se realice. Le voy a poner un ejemplo, aunque no se trata estrictamente de una partida de la balanza fiscal. La estación de Ave de Zaragoza, pongo por caso, se podría computar en Aragón, porque allí están los servicios, los bares, las tiendas, se crea empleo. Este sería el cálculo según el flujo monetario. Pero podría computarse en todo el territorio español porque forma parte de una red general. Este sería el cálculo de carga-beneficio.
M.B.: Pregunta obligada, ¿cuál es mejor?
D.M.R.: Ambos tienen defectos y virtudes pero son complementarios. A veces se han calculado balanzas a través de ambos para luego jugar con horquillas. Pero, claro, estamos hablando de quince comunidades autónomas, porque hay que excluir a Navarra y al País Vasco, y, si ya hay el tremendo barullo de ahora, imagínese con horquillas que a veces pueden ser muy abiertas. El equipo que hizo el cálculo optó por el de carga-beneficio.
M.B.: ¿Y es mejor para esta ocasión?
D.M.R.: Pues no se lo puedo asegurar pero sí le digo que Ángel de la Fuente, el director del estudio, puede que sea el mejor experto y conocedor de la financiación autonómica a día de hoy, además de tener una reconocida independencia, y eso es muy importante. A mí, en principio, me parece más lógico el método utilizado que el otro. Para seguir con el ejemplo de antes, en este momento hay grandes inversiones y gastos en las líneas ferroviarias de Castilla y León, pero esas líneas van a permitir en un par de años la mejora de las comunicaciones en Galicia o en Madrid. No parece razonable pensar que ese monto de dinero se compute sólo en Castilla y León.
M.B.: El gobierno catalán desconfía de los datos y dice no estar de acuerdo con el método que el equipo investigador aplicó.
D.M.R.: Dijeron exactamente que los datos son sospechosos. Es un caso típico de la horquilla de la que le hablaba. El grupo de expertos, siguiendo el método de carga-beneficio, da para Cataluña un déficit de, en números redondos, 11.000 millones de euros. Por su parte, al gobierno catalán, aplicando el método del flujo monetario le sale un déficit de 15.000. En el fondo la diferencia no es muy acusada pero refleja muy bien cómo se utilizan los instrumentos de medición como armas arrojadizas. Pero también podría salir mañana alguien del equipo de expertos o de otro gobierno autónomo y decir que las cifras que da el gobierno catalán son sospechosas. Además, el propio equipo de expertos habla de una reasignación de en torno a 1 por ciento del PIB. Hay demasiado barullo, en mi opinión. El modelo de debate de las tertulias televisivas se ha generalizado completamente. Es un diálogo de sordos que sólo perjudica al ciudadano, en el bolsillo y en el raciocinio.
M.B.: Susana Díaz, la presidenta andaluza, criticó el hecho de que las balanzas se publicaran porque eso eleva el tono del conflicto entre comunidades.
D.M.R.: La presidenta de Andalucía tiene un peculiar sentido de la regeneración política que dice querer hacer. ¿Cómo se puede censurar que los ciudadanos tengan derecho a saber en qué y dónde se emplea su dinero? ¿Cómo se pretende impedir que la gente no tenga datos, más o menos criticables, más o menos exactos, para saber si es cierto lo que dice Mas o lo que dice Rajoy, o lo que dice ella misma? Ya en la reunión de consejeros de hace unos días algunas comunidades propusieron más recortes y pactaron no decir quién había hecho las propuestas para taparse unos a otros y no darse cornadas en las próximas elecciones.
M.B.: Entonces, ¿hay o no discriminaciones?, ¿tienen o no razón algunas comunidades autónomas cuando dicen que son maltratadas?
D.M.R.: La Comunidad Valenciana y Baleares son las peor tratadas en los últimos años pero tampoco se puede hablar de grave discriminación. Las balanzas fiscales son útiles como instrumentos para la discusión pero no tienen por qué, ni lo deben, ser la base para la reforma del modelo de financiación ni tampoco para repartir el presupuesto. Hablamos de cosas distintas porque en el modelo de financiación se tienen en cuenta otras muchas cosas, como el gasto de la seguridad social o en infraestructuras, por ejemplo. Es lógico que una comunidad como Asturias presente superávit porque tiene una población muy envejecida y dispersa, además de contar con pensiones muy elevadas de las reconversiones de la minería, el naval o la siderurgia. Pero estamos hablando de derechos de los trabajadores, de gente que cotizó con altos tipos para tener esas pensiones. Asturias es un buen ejemplo para poner por su peculiaridad en la estructura económica española. Por ejemplo, además de lo comentado, es la décima comunidad en renta per cápita pero la sexta en pago de impuestos, tributando cada asturiano con 525 euros por encima de la media, sólo por debajo de las comunidades de verdad ricas, Madrid, Cataluña, Baleares y Aragón, además del País Vasco y Navarra. Las balanzas fiscales sirven para lo que sirven pero no son una radiografía de las injusticias en el reparto de los recursos públicos.
M.B.: Entonces, soy muy poco conocedora de estas cosas, ¿de qué depende el superávit o el déficit de una comunidad?, ¿por qué hay tantas diferencias y, sin embargo, usted dice que no hay injusticias graves?
D.M.R.: El déficit o el superávit dependen fundamentalmente de la riqueza y de la renta de cada comunidad. Las comunidades más prósperas, por ejemplo y como contrapunto al caso de Asturias, reciben menos gasto de la seguridad social porque tienen menos desempleo, son más urbanas con poca dispersión poblacional, tienen una estructura demográfica más joven y, además, recaudan más impuestos. Un dato: en las comunidades más ricas dos tercios de los saldos fiscales se pagan con impuestos. Los déficit de Madrid y de Cataluña se explican por los impuestos, no porque el modelo de financiación lo provoque. En Madrid y Barcelona está radicada la mayoría de las empresas del Ibex35, además de ser los domicilios fiscales de miles de empresas pequeñas y medianas que, teniendo actividad en muchos otros sitios, tributan en esas dos ciudades, en esas dos comunidades. Afirmar que el saldo fiscal de una comunidad rica es lo que pagan de más los habitantes de la misma no tiene sentido. Sería lo mismo que decir que la diferencia de impuestos que pagan los ricos con respecto a la media o a lo que pagan los pobres les pertenece a ellos.
M.B.: ¿No es necesaria la reforma del modelo de financiación territorial? ¿Es todo un debate falso?
D.M.R.: Algo de debate falso sí que tiene el asunto. El modelo debe ser reformado porque tiene disfunciones, pero más por mala gestión que por cuestiones de cálculo. Se crearon mecanismos artificiosos y se emplearon los fondos con criterios poco eficientes cuando no corrompidos o clientelares, lo que, lejos de nivelar la situación de las comunidades, provocó más desigualdad e incrementó las suspicacias y los recelos. Por ejemplo, si una comunidad determinada quiere dar más servicios que las demás, debería subir sus impuestos. Si los ciudadanos de una comunidad determinada deciden en las urnas tener más servicios que los de las demás deben saber que los van a pagar. El voto tiene responsabilidades políticas pero también económicas y los que proponen determinadas cosas deben decirlo y los ciudadanos asumir beneficios y costes. Se han dado ocasiones en que comunidades receptoras netas de fondos daban servicios que no podían dar comunidades que aportaban los fondos. Eso sí envenena las relaciones interterritoriales. Se trata de un problema más político que económico y forma parte de la crisis general del modelo heredado del franquismo y de la transición.
M.B.: Es interesante eso que dice de la responsabilidad. Al calor de la crisis se abrió todo un debate sobre la responsabilidad de los ciudadanos, de los gobiernos, de las instituciones.
D.M.R.: Es que es necesario abrirlo. Cuando se presenta un programa político o cuando votamos un programa político debería ser obligatoria una explicación de cuál es su coste o cuál es la contrapartida. Entonces la gente, democráticamente, decidirá qué quiere. De lo contrario habrá una élite muy purista moralmente que, aunque no robe, dictará qué es lo mejor para todos o una élite corrupta que gobernará en función de sus propios intereses. Pero llevamos años con programas políticos que contentan a todo el mundo, que bajan impuestos y suben gastos sociales, que llevan el agua a un sitio y que defienden en el otro que el agua se quede, que presentan medidas a las que nadie diría que no. Y con las comunidades autónomas pasa lo mismo. Si queremos igualdad de los ciudadanos de todas las comunidades autónomas es necesario que haya mecanismos de compensación y equilibrio financiero. Si queremos que nuestra comunidad tenga más servicios que otras habrá que pagar más impuestos. Es la vieja ecuación: para ser libre hay que ser responsable. Hay comunidades autónomas que están muy satisfechas en su estado permanente de minoría de edad.
M.B.: ¿Se hará una reforma o no?
D.M.R.: Todo el modelo político y económico va a ser reformado. Ya veremos cómo y por quién. La historia nos dice que si no se hacen reformas paulatinas vendrán reformas a la brava. Si las fuerzas reactivas impiden la evolución se acaban encontrando con la revolución, sea de un signo o de otro. Pero ya decía Hegel que la historia sólo nos enseña que no aprendemos nada de la historia. A mí me parece que en España ya se está tardando demasiado. Por lo que respecta concretamente a la revisión de la financiación autonómica, estaba prevista para este 2014 pero me parece que no se va a llevar a cabo. Una reforma ahora, teniendo en cuenta o no las balanzas fiscales, que yo pienso que no deben tenerse en cuenta, daría más dinero a las comunidades autónomas y menos a la administración central. Eso significaría que para 2015, año electoral, con el previsto reparto más igualitario de los recursos no financieros, supondría que los recortes los tendría que hacer el gobierno central y no los autonómicos. El PP utilizará su mayoría absoluta para aplazar la revisión de los criterios.
M.B.: ¿Cómo queda la financiación del País Vasco y Navarra, que nos había quedado en el tintero?
D.M.R.: En principio igual, puesto que las balanzas se realizaron para las comunidades de régimen común. Ahí si hay una situación injusta. Los vascos y los navarros reciben 2.000 euros anuales más per cápita que la media. Además, como su fiscalidad es menor pueden ejercer una política de competencia desleal. La discusión en este caso tampoco es de cálculo, ni siquiera del sistema de concierto, sino de la aplicación del cupo, que está llena de trampas y de irracionalidades por ambas partes.
M.B.: Creo que nos ha clarificado un poco el panorama, profesor, pero este es un asunto complicado.
D.M.R.: Más que complicado es un tanto árido y también bastante ajeno a las discusiones normales de la gente. Porque lo del paro, los salarios, hasta los impuestos, pues son cosas conocidas y la gente, aunque no domine las cuestiones técnicas sabe de ello porque le afecta cotidianamente. Pasó lo mismo con la prima de riesgo y sus puntos básicos. La gente lo oía en la televisión pero andaba perdida.
M.B.: Pues ya, en la recta final del programa, vamos a hablar de esas cosas. Los empleos han crecido en 400.000 en un trimestre y, por vez primera desde 2008, han ido aumentando durante todo el año. ¿Es ya la recuperación?
D.M.R.: Hay una cosa que me llama la atención. Estos datos son de la encuesta de población activa, a la que Rajoy tildó de eso, de “mera encuesta”, porque no le gustaban los resultados y prefería los de la seguridad social, siempre más favorables al gobierno, no por nada sino por su forma de cómputo. Ahora le veo muy ufano con la EPA bajo el brazo. Es que la EPA es más fiable y es la que utiliza Eurostat, el organismo europeo de estadísticas. Aún no podemos hablar de recuperación, aunque sí de un repunte de las macromagnitudes. Es cierto el dato de empleo pero hay que analizar sus componentes. Se ha devaluado el salario y la masa salarial, lo que los trabajadores en su conjunto cobran, sigue cayendo, se ha reducido el coste del despido, crece el empleo parcial, ha vuelto a repuntar la temporalidad. Hay un indicador muy significativo para poner en paralelo al número de empleos creado: las horas trabajadas en 2013 fueron cuatro o cinco millones menos que las trabajadas en 2012, y eso que en 2012 hubo una huelga general y multitud de conflictos locales. Eso quiere decir que hay menos trabajo pero repartido entre más personas. De ahí que la creación de empleo, al margen de la mejora personal para algunos, debe matizarse. Por todo esto es por lo que creo que no hemos salido de la crisis. Hay más puestos de trabajo pero la demanda interna no repunta, aunque ha dejado de caer. La gente empieza a tener trabajo pero el sueldo no le da para una pequeña alegría. Esta tal vez sea la primer crisis de la economía española en la que el incremento del empleo se anticipa a otros indicadores. Es lógico. El 18 por ciento es empleo por horas y el 24 es temporal. Por otra parte hay un efecto que los ingleses, tan aficionados ellos a estas cosas, llaman de “rebote del gato”. Si tiras a un gato desde una torre, tras pegar en el suelo rebota un metro. Con la destrucción de tres millones y medio de puestos de trabajo en tres años las empresas están bajo mínimos y, como la legislación les permite ampliar la temporalidad, las prácticas, los trabajos por hora y les facilita y abarata el despido, están contratando. Por eso el empleo repunta antes que en crisis anteriores o que en economías en las que el paro nunca llegó a los dos dígitos o no pasó del seis por ciento.
M.B.: ¿Qué debería hacer el gobierno actualmente, en esta nueva situación?
D.M.R.: El gobierno y su presidente deberían ser conscientes de que en lo que va de legislatura no sólo perdieron el empleo 840.000 personas, sino que dos millones se quedaron sin prestación pública. Lo lógico y necesario sería cambiar de política y abandonar las directrices de Merkel, impulsar un plan de inversiones en donde fuera vital recuperar sectores tecnológicos y de innovación, recuperar posiciones en sanidad y educación, y presionar sobre el Banco Central Europeo para que intervenga con políticas de expansión y para que, de una vez por todas, se comporte como un verdadero banco central, no sólo emisor sino también interventor e interviniente. Pero me parece que el gobierno y el Partido Popular optaron por modificar el modelo económico conforme a su ideología, la más atrasada de la derecha europea. Esas medidas que le digo, y otras más, son las que está pidiendo Renzi y la izquierda europea. Y si Rajoy tiene miedo a seguir una política aconsejada por la izquierda y por unos cuantos economistas radicales, que no se preocupe. Tímidos keynesianos también lo aconsejan y lo están haciendo los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido, además de pedirlo los liberales alemanes y suecos. Pero me parece que este pequeño repunte del empleo, como también del crédito bancario, que suele repercutir en dos sectores muy sensibles y de gran arrastre como son el automóvil y la vivienda, están tentando a Rajoy a volver a la burbuja. Y sería una burbuja porque, a pesar de los indicadores, la principal demanda potencial de vivienda, que se sitúa en las personas de 35-40 años, no existe. El paro sube en este segmento, los salarios bajan y la emigración crece. Y la banca sigue digiriendo la anterior burbuja y sigue sin provisionar sus pérdidas. El ejemplo es Catalunya Bank, que quebró por segunda vez después de ser intervenida y recapitalizada en 2012. Por cierto, no quiero ser malo pero, cuando se realicen las balanzas fiscales de 2014, ¿a quién le apuntamos los 15.000 millones de euros del rescate de la banca catalana? Con el método de carga-beneficio a todas las comunidades. Con el del flujo monetario, el que prefiere el gobierno catalán, a Cataluña. ¿Ve cómo debemos bajar el ruido y no utilizar los instrumentos metodológicos como si fueran fusiles de asalto?
M.B.: Muchas gracias, profesor.
D.M.R.: Buenas noches, Marina.
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