Financiación autonómica: federalización, responsabilidad y un apunte sobre la lengua

La modificación del modelo de financiación autonómica arrastra consigo toda una serie de debates que, por debajo de razonamientos económicos, muestra claramente un discurso ideologizado no exento de prejuicios. De este modo, a estas alturas, defender, aún cuando sea parcialmente y desde la crítica, el nuevo modelo de financiación y preferirlo al anterior llega a parecer un crimen de lesa patria cuando se hace desde una comunidad como Asturias. No es muy popular esta posición, que puede ser vista como una especie de quinta columna por quienes, aprovechando criterios económicos, han desenterrado la nunca olvidada y siempre rentable catalanofobia.
Para empezar, aún no sabemos las cifras exactas, por la simple razón de que es imposible conocerlas, y lo único de lo que tenemos preciso conocimiento es del conjunto de criterios de reparto, lo que, desde luego, no parece mucho. Todo cuanto se ha venido publicando se basa en meros cálculos, unos mejor realizados que otros y casi todos con argumentaciones partidarias y partidistas. Las cifras definitivas solamente serán conocidas cuando podamos observar la evolución de los impuestos que han sido transferidos a las comunidades autónomas.
Es posible que el sistema acordado en los últimos meses y que informa parcialmente los presupuestos para el 2010 no sea el óptimo y ni siquiera el mejor, pero, desde luego, es más justo que el anterior. Los principios de solidaridad se mantienen y, a la vez, no se penaliza a las comunidades autónomas más dinámicas, es decir, se sigue ayudando al más necesitado pero también se premia el esfuerzo. No es racional, económicamente hablando, ni tampoco de lógica pedestre, castigar el dinamismo y menos aún en tiempo de crisis. Es en esta perspectiva en la que es lógico desde todo punto de vista que Cataluña resulte la más beneficiada, por el simple hecho de que hasta hoy era la comunidad más perjudicada. Con siete millones y medio de habitantes -sólo por detrás de la extraordinariamente subsidiada Andalucía, con ocho millones- y con uno de los indicadores de dinamismo más elevado de Europa, era sistemáticamente perjudicada por el modelo de financiación autonómica.
Uno de los objetivos principales del sistema es garantizar que los ciudadanos reciban los mismos servicios, para lo que se instituyó una “hucha común” a la que todas las comunidades autónomas aportaban lo recaudado y luego la administración central decidía el reparto. Con este modelo las comunidades más ricas aportaban un monto muy superior al aportado por las más pobres, lo que es lógico puesto que recaudaban más. Pero el problema radica en que era normal que las comunidades que más recaudaban acababan disponiendo de menos fondos de los que disponían las que menos recaudaban. De este modo se llega actualmente a la circunstancia de que comunidades como Extremadura o Andalucía ofrecen servicios que Cataluña o Madrid no pueden afrontar. Ello lleva a la sinrazón de que ciudadanos que pagan menos impuestos acaban gozando de mayores atenciones que ciudadanos que realizan un esfuerzo fiscal mucho más grande. Así, se ha pasado de la solidaridad al sacrificio: “te dono fondos para que goces de un servicio del que yo no dispongo”. No es una frase hecha, se trata de una realidad.
Además, los once mil millones de euros que el gobierno central ha puesto sobre la mesa constituyen financiación adicional, es decir, que van a parar a todas las comunidades autónomas, con lo que todas ganan, aunque unas más que otras. Pero ninguna ha visto reducido su ingreso, en contra de lo que se desprende de determinados análisis que hemos podido leer en los últimos meses, que tal parecían indicar que la transferencia a unas comunidades se hacía quitándoles fondos a otras. Tal parece que se está reproduciendo entre los gobiernos autonómicos lo que para el individuo mostró hace años un estudio: parece ser que preferimos ganar mil quinientos euros si nuestro vecino gana mil que ganar dos mil quinientos si él gana tres mil.
Tampoco hay que temer al denostado -en tantas ocasiones necesario- déficit público ni augurar una brutal subida de impuestos. Por cierto, que la subida del IVA nada tiene que ver con esto y sí mucho con las perversiones presupuestarias del gobierno de Rodríguez Zapatero. Volviendo al asunto, lo que va a aumentar es el déficit de la administración central, pero no el déficit público, cosa bien distinta. El gobierno central incrementa su déficit porque mantiene sus compromisos de gasto y, a la vez, traspasa fondos a las comunidades autónomas. Por su parte, algunas de estas comunidades, actualmente muy endeudadas a causa del sistema de financiación hasta ahora vigente, van a ver reducido su déficit. Es decir, las cuentas públicas -el estado es el sumatorio de las administraciones central, autonómicas y locales- no se verán alteradas. Otra cosa es cómo administre sus nuevos fondos cada comunidad autónoma. Tal vez aquí resida una parte importante de las críticas: es posible que algunas de las comunidades receptoras de fondos no quieran asumir responsabilidades para, de esta forma, no hacer patente el ineficaz uso de los recursos que otras comunidades les aportan a través de los mecanismos de solidaridad.
Igualmente, tampoco tiene por qué haber una subida de impuestos. Las comunidades autónomas tendrán una mayor capacidad normativa, es decir, un mayor margen para incrementar o reducir la presión fiscal. Conforme a la evolución del reino de España hacia un modelo federal -implícito en el diseño económico de la constitución de 1978-, las comunidades autónomas irán siendo más independientes fiscalmente. Y, otra vez, quizás algunos gobiernos prefieran tener menos libertad para no aceptar mayor responsabilidad.
Hasta ahora el gobierno central fijaba los impuestos y los cobraba para, después, ceder la parte correspondiente a cada comunidad autónoma en función de una decisión unilateral o de un pacto previo. Sin embargo, parece más lógico y seguramente más eficiente que cada comunidad decida los impuestos que considere oportunos, los cobre y, después, pague a la administración central la parte correspondiente por los servicios que de ésta recibe más la cuota que le toque para el fondo de solidaridad. Eso es el federalismo al que conlleva una sana evolución del estado autonómico, donde la libertad lleva aparejada la responsabilidad.
Y es que, bajo criterios aparentemente económicos, se esconde el viejo jacobinismo afrancesado y borbónico que desconfía de cualquier política que lleve a una verdadera descentralización. Es sorprendente cómo gobiernos ultradefensores de la “España plural” manifiestan tanto miedo ante el cierre federal del modelo autonómico -mientras permiten el modelo confederal del País Vasco y de la “españolísima” Navarra- y evidencian tanta desconfianza en su propia gestión y en la sociedad a la que representan. Mantener a una comunidad en un permanente estado de irresponsabilidad fiscal es mantenerla en una permanente minoría de edad política.
En el corto y medio plazo, el nuevo modelo amortiguará las desigualdades puesto que todas las comunidades autónomas se situarán más cerca de la media, ya que se produce la nivelación del ochenta por ciento de los recursos para que puedan quedar garantizados los servicios sociales. Así, si fijamos en el índice 100 la media de recursos per cápita actual, observaremos que Baleares -en un extremo- aportó 126 e ingresó 78, mientras que Extremadura -en el otro extremo- aportó 67 y recibió 126. Ahora los extremos de esta horquilla se irán aproximando desde aquí al año 2012. Ahora bien, dado que las comunidades autónomas van a retener el venticinco por ciento de sus ingresos, también podrían provocarse desigualdades a un plazo más largo. De nuevo la situación dependerá de las políticas de unas comunidades con cada vez mayor independencia y, lógicamente, mayor responsabilidad.
Por lo que respecta a Asturias, el incremento de 206 millones de euros -3.386 millones en total, 2.997 euros per cápita- sólo parece contentar al PSOE. A este respecto, las críticas del Partido Popular y la satisfacción moderada y cautelosa de Izquierda Unida están bastante justificadas, especialmente por lo que hace a la coalición de izquierdas. De hecho, Izquierda Unida ha venido manteniendo la postura más coherente en todo este embrollado asunto. En este sentido, la ponderación del factor envejecimiento podemos considerarla como satisfactoria, pero no así la correspondiente al factor dispersión, con una escasa ponderación que explica la lógica oposición del gobierno gallego. Por último, el 12,5 por ciento del incremento de financiación dirigido al sistema de dependencia es claramente lesivo para Asturias. Pero aquí una parte del problema radica en que el sistema asturiano se estructuró sin contar con financiación específica, conforme a la extendida política -muy propia de la izquierda- de programar y dejar para más tarde el asunto de cómo se va a costear lo programado.
No obstante, lo que realmente es importante es que desde el gobierno asturiano y sus voceros mediáticos se ponga fin a un permanente bombardeo que hace aparecer a Asturias como un país injustificadamente subsidiado y que recibe un trato excelente e inmerecido por parte del gobierno central. Hace unos meses, la vicepresidenta Fernández de la Vega, en una visita girada a esta especie de protectorado, confundiendo intencionadamente los términos, dijo, al hablar de financiación autonómica, que Asturias era muy bien tratada, poniendo como ejemplo los compromisos del gobierno español con la reforma de las infraestructuras ferroviarias o la ampliación de El Musel. Nada de esto tiene que ver con la financiación autonómica. Si el tren de alta velocidad llega un día a Asturias, sus costes son imputables por igual al tramo Gijón-León que al tramo Valladolid-Madrid y en nada afectan a las transferencias del gobierno central a Asturias o a Castilla y León. Y si El Musel ha de ser financiado -con el bochornoso sobrecoste del cuarenta por ciento incluído-, ello no se debe a la estructura fiscal del estado de las autonomías sino a que existe una obligación presupuestaria del gobierno central, como existe igualmente en el caso de los puertos de Algeciras o de Barcelona.
También debería hacer valer el gobierno asturiano y, sobre todo, los sindicatos, que nada regalan desde Madrid a Asturias por ser ésta la comunidad autónoma con mayor número relativo de pensionistas. Tampoco esto tiene nada que ver con la financiación autonómica. No se trata de un subsidio sino de cumplir el contrato que, a lo largo de la vida laboral, los trabajadores cumplieron a través del pago de sus contribuciones salariales a la caja de la seguridad social. Pero es que, además, desde finales de los cincuenta del siglo XX, esas cuotas fueron uno de los principales instrumentos financieros para impulsar el desarrollo industrial y el crecimiento económico de España. De hecho, la seguridad social -con enormes superavit durante décadas en Asturias- financió al Instituto Nacional de Industria y muchos de los polos de desarrollo de las regiones españolas más atrasadas. A este respecto, aunque el concepto de deuda histórica es problemático y muchas veces demagógico, casi todas las comunidades autónomas lo han utilizado, salvo Asturias, donde es posible cuantificarla con precisión porque no se trata de conceptualizaciones abstractas sino de cifras calculables atendiendo a las series estadísticas.
Pero, además -y esto sí pertenece al ámbito de la financiación autonómica-, el gobierno asturiano, fiel a su trayectoria, se permitió renunciar al coeficiente de pluralidad lingüística -un 2,5 de ponderación sobre el total de recursos y no un 2,5 por ciento como se escribe casi siempre- que sí beneficia a Galicia, Cataluña, Valencia y Baleares. Concretamente, a Galicia, con el modelo de normalización lingüística más parecido al que podría darse en Asturias, le corresponden treinta millones de euros. Es difícil calcular a cuánto ascendería el monto por pluralidad lingüística en Asturias porque su cómputo depende de los fondos anteriormente empleados, pero nunca bajaría de los quince millones de euros, mientras que el coste de la oficialidad conforme al modelo gallego no llegaría a los ocho o nueve, es decir, prácticamente la mitad de lo que se ingresaría. ¡Quién lo diría!, la oficialidad no sólo es barata sino que contribuye a financiar otras cosas. Y a ello cabría añadirle el impacto positivo que la normalización lingüística provocaría en la inversión y el empleo en la industria cultural. Volviendo al concepto de responsabilidad, aquí el gobierno Areces-Iglesias ha sido, por un prejuicio ideológico, financieramente irresponsable.

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